Montón de periódicos
Montón de periódicos

Actualidad

La colegiación del administrador de fincas: un atributo socialmente necesario

La colegiación del administrador de fincas: un atributo socialmente necesario

El preámbulo de la Ley 12/2023 de 24 de mayo por el derecho a la vivienda, dice que los  Administradores de Fincas constituyen “un colectivo profesional de gran importancia para asegurar la garantía y protección de los derechos de los consumidores”.

En la disposición adicional sexta de dicha Ley se define a los mismos como las personas físicas que se dedican de forma habitual y retribuida a prestar servicios de administración y asesoramiento a los titulares de bienes inmuebles y a las comunidades de propietarios de viviendas que para ejercer su actividad, deben tener la capacitación profesional requerida y deben cumplir las condiciones legales y reglamentarias que les sean exigibles.

Asimismo, en el desarrollo de su actividad profesional, deben actuar con eficacia, diligencia, responsabilidad e independencia profesionales, con sujeción a la legalidad vigente y a los códigos éticos establecidos en el sector, con especial consideración hacia la protección de los derechos de los consumidores establecidos por las comunidades autónomas y en esta ley.

Por último, para garantizar los derechos de los consumidores, los administradores de fincas deben suscribir un seguro de responsabilidad civil, pudiendo hacerlo directa o colectivamente.

El desarrollo adecuado del importante cometido del administrador de fincas viene avalado por el hecho de la colegiación del mismo dado que el Colegio de Administradores de Fincas es el encargado de velar porque el administrador mantenga la probidad profesional, la rectitud, integridad y honestidad, conformando una actitud y conducta ordenada y sin tacha que rechace cualquier presión o injerencia ajena que pueda limitar su libertad profesional, además de procurar mantener la mejor relación de convivencia entre los propietarios.

A la labor rutinaria de llevar las cuentas de la comunidad, administrando ingresos y gastos de los que es la actividad normal, cada vez se añaden más cometidos tales como el encargo de obras o servicios necesarios que van surgiendo a lo largo de la vida de un edificio, solicitud de subvenciones, de certificados de eficiencia energética, de cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, normativa contra incendios, etc.

El hecho de que el administrador de fincas esté colegiado aporta una triple garantía:
1.- La preparación o aptitud del mismo para desarrollar su cometido correctamente
2.- Que su conducta sea conforme a la deontología profesional
3.- La posible indemnización de daños y perjuicios ante un posible daño en los bienes o intereses cuya administración tenga encomendados que sea consecuencia de una conducta activa u omisiva del mismo

Si bien es cierto que el artículo 13 6 de la Ley de Propiedad Horizontal establece que el cargo de administrador y, en su caso, el de secretario-administrador podrá ser ejercido por cualquier propietario, entendemos que es más que recomendable, que el cargo lo desempeñe un profesional en la materia que esté bajo el amparo del Colegio profesional del territorio en que se desempeñe tal labor, es decir, un administrador de fincas colegiado

Aún pueden reclamarse los gastos hipotecarios, no dejes que te engañen

Aún pueden reclamarse los gastos hipotecarios, no dejes que te engañen

Se ha discutido mucho en los últimos días acerca de si se debe entender prescrito el derecho de devolución de los gastos hipotecarios a los consumidores que se vieron obligados cubrirlos íntegramente por la abusividad de la posición dominante de la entidad bancaria a la hora de establecer su imposición mediante cláusulas que no sólo vulnera el principio de equilibrio entre las partes contratantes, sino la transparencia de las mismas al no ser convenientemente explicadas al consumidor las consecuencias legales y económicas de las mismas.

En concreto las llamadas cláusulas de gastos hipotecarios, imponían el pago de las minutas notariales, del registro, gastos de asesoría, cláusula de apertura etc. al consumidor. Estando asentada la jurisprudencia del Tribunal Supremo acerca de la abusividad de las mismas, surgía una nueva incógnita acerca cuándo debía iniciar el cómputo del plazo de prescripción de 5 años del art. 1964 del C.C para poder reclamar la devolución de los mismos.

En el Auto del Tribunal Supremo de 22 de julio de 2021 descartaba como día de inicio de dicho plazo por ser contrario al principio de efectividad de la Directiva europea 93/13 de CEE del Consejo de 5 de abril de 1993, el de la celebración del contrato de préstamo hipotecario, el del pago de dichos gastos así como el día del cumplimiento íntegro del contrato. En el mismo sentido se pronunció la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 16 de julio del año 2020.

Pero es que,  posteriormente el TJUE en Sentencia de 25 de enero de 2024 que dicho plazo no podía empezar a correr antes de que el consumidor conociese el carácter abusivo de la cláusula contractual así como los derechos que le confiere la Directiva 93/13. Igualmente exponía que el plazo de prescripción debía ser materialmente suficiente para permitir al consumidor preparar e interponer un recurso efectivo con el fin de invocar los derechos aludidos.

Pero es más, en dicha Sentencia, descartaba precisamente que pudiera determinarse el inicio del cómputo de la prescripción a partir de la existencia de una jurisprudencia nacional consolidada sobre la nulidad de cláusulas similares ( Sentencias 48/2019 y 49/2019 del TS ) siendo su mera existencia prueba suficiente del conocimiento del consumidor de tal carácter. De esta forma, no cabe presumir el conocimiento de la jurisprudencia por el consumidor por muy consolidada que ésta sea.

En consecuencia, será necesario demostrar que el consumidor tuvo conocimiento del carácter abusivo de la cláusula de gastos, del alcance de sus derechos respecto de la misma y la oportunidad de ejercitar los mismos mediante la interposición del correspondiente recurso.  Ante este panorama, la situación más probable es que sea la sentencia firme de abusividad  la que marca el inicio de dicho pazo de prescripción. Sin embargo, algunas entidades bancarias, están contestando las reclamaciones a sus servicios de atención al cliente en el sentido de que reconocen la abusividad de la norma y acatan la jurisprudencia al respecto declarándolas no placables pero sin proceder a la devolución de los gastos amparándose en una interpretación torticera de la jurisprudencia del TJUE en base a la cual dicen que están prescritos.

Si aún no has reclamado la devolución de dichos gastos. Te invitamos a que te informes con nosotros sobre tu caso en particular para analizar la viabilidad de tu pretensión. Llámanos al 941258222 o escríbenos a gabinete@abogadoscapitol.com

Baja laboral y despido: tu antigüedad se mantiene aunque estés fuera más de 3 meses

Baja laboral y despido: tu antigüedad se mantiene aunque estés fuera más de 3 meses

UNA INTERRUPCIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO LABORAL SUPERIOR A TRES MESES NO INTERRUMPE POR SÍ SOLA EL VÍNCULO CON EL EMPRESARIO Y, POR ENDE, EL CÓMPUTO DE LA ANTIGÜEDAD ORIGINARIA A EFECTOS INDEMNIZATORIOS TRAS EL DESPIDO. 

En su Sentencia de 23 de enero de 2024 (REC 2981/2022), la Sala Cuarta del Tribunal Supremo reitera su doctrina de la Unidad Esencial del Vínculo y concluye que la interrupción de 3 meses y dieciocho días producida en mitad de una larga cadena contractual no constituye per se una interrupción suficientemente significativa, capacitada para romper la unidad del vínculo. En el caso analizado, dado que la actividad de la demandante había sido siempre la misma y en las mismas o muy similares condiciones, tratándose de una actividad normal y permanente de la entidad demandada, y resultando especialmente significativo que en la mayoría de los contratos temporales hubiera constado el mismo objeto sin mayor especificación, el TS considera que nos encontramos ante una acusada prolongación en el tiempo de una situación ilegal, que minora la relevancia de la interrupción contractual apreciada por la sentencia recurrida ya que la misma se revela como intrascendente en relación a la consideración de la existencia de un solo vínculo contractual enmascarado a través de múltiples contratos temporales celebrados en fraude de ley.

Es importante que trabajadores y empresarios tengan muy presente la mencionada doctrina a la hora de estructurar sus contrataciones o de hacer valer sus derechos.

Si necesita asesoramiento legal, contacte ahora con nuestro equipo de abogados laboralistas.

Hacienda no perdona

Hacienda no perdona

Por si fuera poca toda la controversia suscitada como consecuencia de que el legislador dejara fuera, o prácticamente fuera tras la trasposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, las deudas por créditos de Derecho Público de la exoneración del pasivo insatisfecho; estando todas las miradas puestas en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto a las distintas cuestiones prejudiciales planteadas al respecto de la compatibilidad de las limitaciones implementadas por nuestros representantes con el derecho de la Unión Europea, en su Sentencia 1296/2023, de 23 de octubre, la Sala Tercera del Tribunal Supremo establecía lo siguiente al respecto de una derivación de responsabilidad tributaria del artículo 40.3 de la Ley General Tributaria:

“En definitiva, que del contenido del auto de 14 de noviembre de 2013 y de la propia escritura de disolución de la sociedad se constata que sí existían bienes en el activo, aunque el pasivo determinara una situación de desequilibrio patrimonial constitutiva de causa de disolución y, por ello, se apreciara la insuficiencia de la masa activa determinante de la conclusión del concurso ex art. 178 Ley Concursal. Pero nada se ha acreditado respecto al resultado final de las operaciones de liquidación, ni el destino de aquel activo fundamentalmente inmobiliario. La declaración de concurso y su conclusión por insuficiencia de masa activa no significa que se produzca una extinción, vía condonación, de las deudas de la sociedad, ni que los bienes que permanezcan a nombre de la sociedad pasen a ser «res nullius». En resumen, no se ha acreditado que se haya producido la liquidación de la sociedad, en los términos dispuestos en el capítulo II del Título X del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, ni el resultado de las correspondientes operaciones de liquidación y efectiva extinción”.

“El art. 178 de la Ley Concursal establece que cuando se declare la conclusión del concurso de acreedores por insuficiencia de la masa activa del deudor persona jurídica, se acordará su extinción y dispondrá la cancelación en los registros públicos que corresponda. Sin embargo, debe destacarse que la extinción de la personalidad jurídica que dispone el art. 178.3 de la Ley Concursal, en el supuesto de que se declare la conclusión del concurso por inexistencia de bienes, más precisamente, por insuficiencia de la masa activa -con el consiguiente cierre de la hoja registral- no puede entenderse más que como una extinción de la sociedad a favor o en garantía del tráfico jurídico, y en protección de terceros de buena fe, pues de esta forma se evita que la sociedad deudora insolvente pueda seguir operando en el tráfico jurídico. En definitiva, incluso después de la cancelación, persiste todavía la personalidad jurídica de la sociedad extinguida como centro residual de imputación de las relaciones jurídicas de que la sociedad es titular”.

Vamos, que Hacienda no perdona, que la responsabilidad limitada de las empresas que supuestamente gozan de dicha prerrogativa cada vez queda más vaciada respecto al Fisco.

Administradores, liquidadores y socios, hagan y documenten bien las liquidaciones de sus empresas, incluso cuando se haya acordado la conclusión del concurso por insuficiencia de masa activa por el Juzgado competente, y a instancias de la Administración Concursal. Eviten además dejar sin satisfacer deudas por créditos de Derecho Público en general, y deudas tributarias en particular.

Si necesita asesoramiento legal, nuestro equipo experto de abogados en derecho mercantil le atenderá sin compromiso.

Contacte ahora

Incapacidad Laboral, No renuncies a lo que es tuyo

Incapacidad Laboral, No renuncies a lo que es tuyo

Sin haber publicado aún los datos correspondientes al ejercicio 2023, el Instituto Nacional de Estadística reporta la existencia en España de 1.256.600 personas inactivas laboralmente con algún tipo de discapacidad en 2022, 5.400 en La Rioja. Ascendiendo a 685.300 las personas activas con discapacidad en todo el territorio nacional durante dicho año, y a 4.400 en La Rioja.

Aunque la discapacidad y la incapacidad laboral son conceptos distintos, un gran número de personas con discapacidad, tanto activas como inactivas, e incluso sin reconocimiento formal de grado de discapacidad alguno, tienen derecho al percibo de importantes prestaciones por haber quedado incapacitadas permanentemente para trabajar por motivos de salud. Ya sea de manera permanente parcial, con el derecho al percibo de una indemnización de 24 mensualidades de base reguladora, permanente total, con el derecho al percibo de una pensión vitalicia del 55 % de la base reguladora, y del 75 % tras cumplir los 55 años de edad, permanente absoluta, con derecho al percibo del 100 % de la base reguladora, o desde una situación de gran invalidez, con derecho al percibo del 150 % de la repetida base.

De estas personas son muchas las que no llevan a cabo las gestiones necesarias para que se les reconozcan las prestaciones que les corresponden, o las que ven denegadas total o parciamente las mismas en vía administrativa.

Es importante cobrar conciencia de que una reclamación tardía, o desacertada desde un punto de vista legal, puede dar lugar a la consolidación definitiva de situaciones injustas, y claramente perjudiciales para los afectados y sus familias desde un punto de vista económico.

Si consideras que te encuentras funcionalmente impedido y/o limitado para trabajar, o sospechas que puedes verte en dicha situación de manera inminente, contacta con nosotros (941 25 82 22 / gabinete@abogadoscapitol.com), en Capitol Abogados analizaremos tu caso y te haremos una propuesta personalizada para que la valores sin compromiso.