Montón de periódicos
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La colegiación del administrador de fincas: un atributo socialmente necesario

El preámbulo de la Ley 12/2023 de 24 de mayo por el derecho a la vivienda, dice que los  Administradores de Fincas constituyen “un colectivo profesional de gran importancia para asegurar la garantía y protección de los derechos de los consumidores”.

En la disposición adicional sexta de dicha Ley se define a los mismos como las personas físicas que se dedican de forma habitual y retribuida a prestar servicios de administración y asesoramiento a los titulares de bienes inmuebles y a las comunidades de propietarios de viviendas que para ejercer su actividad, deben tener la capacitación profesional requerida y deben cumplir las condiciones legales y reglamentarias que les sean exigibles.

Asimismo, en el desarrollo de su actividad profesional, deben actuar con eficacia, diligencia, responsabilidad e independencia profesionales, con sujeción a la legalidad vigente y a los códigos éticos establecidos en el sector, con especial consideración hacia la protección de los derechos de los consumidores establecidos por las comunidades autónomas y en esta ley.

Por último, para garantizar los derechos de los consumidores, los administradores de fincas deben suscribir un seguro de responsabilidad civil, pudiendo hacerlo directa o colectivamente.

El desarrollo adecuado del importante cometido del administrador de fincas viene avalado por el hecho de la colegiación del mismo dado que el Colegio de Administradores de Fincas es el encargado de velar porque el administrador mantenga la probidad profesional, la rectitud, integridad y honestidad, conformando una actitud y conducta ordenada y sin tacha que rechace cualquier presión o injerencia ajena que pueda limitar su libertad profesional, además de procurar mantener la mejor relación de convivencia entre los propietarios.

A la labor rutinaria de llevar las cuentas de la comunidad, administrando ingresos y gastos de los que es la actividad normal, cada vez se añaden más cometidos tales como el encargo de obras o servicios necesarios que van surgiendo a lo largo de la vida de un edificio, solicitud de subvenciones, de certificados de eficiencia energética, de cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, normativa contra incendios, etc.

El hecho de que el administrador de fincas esté colegiado aporta una triple garantía:
1.- La preparación o aptitud del mismo para desarrollar su cometido correctamente
2.- Que su conducta sea conforme a la deontología profesional
3.- La posible indemnización de daños y perjuicios ante un posible daño en los bienes o intereses cuya administración tenga encomendados que sea consecuencia de una conducta activa u omisiva del mismo

Si bien es cierto que el artículo 13 6 de la Ley de Propiedad Horizontal establece que el cargo de administrador y, en su caso, el de secretario-administrador podrá ser ejercido por cualquier propietario, entendemos que es más que recomendable, que el cargo lo desempeñe un profesional en la materia que esté bajo el amparo del Colegio profesional del territorio en que se desempeñe tal labor, es decir, un administrador de fincas colegiado

Baja laboral y despido: tu antigüedad se mantiene aunque estés fuera más de 3 meses

UNA INTERRUPCIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO LABORAL SUPERIOR A TRES MESES NO INTERRUMPE POR SÍ SOLA EL VÍNCULO CON EL EMPRESARIO Y, POR ENDE, EL CÓMPUTO DE LA ANTIGÜEDAD ORIGINARIA A EFECTOS INDEMNIZATORIOS TRAS EL DESPIDO. 

En su Sentencia de 23 de enero de 2024 (REC 2981/2022), la Sala Cuarta del Tribunal Supremo reitera su doctrina de la Unidad Esencial del Vínculo y concluye que la interrupción de 3 meses y dieciocho días producida en mitad de una larga cadena contractual no constituye per se una interrupción suficientemente significativa, capacitada para romper la unidad del vínculo. En el caso analizado, dado que la actividad de la demandante había sido siempre la misma y en las mismas o muy similares condiciones, tratándose de una actividad normal y permanente de la entidad demandada, y resultando especialmente significativo que en la mayoría de los contratos temporales hubiera constado el mismo objeto sin mayor especificación, el TS considera que nos encontramos ante una acusada prolongación en el tiempo de una situación ilegal, que minora la relevancia de la interrupción contractual apreciada por la sentencia recurrida ya que la misma se revela como intrascendente en relación a la consideración de la existencia de un solo vínculo contractual enmascarado a través de múltiples contratos temporales celebrados en fraude de ley.

Es importante que trabajadores y empresarios tengan muy presente la mencionada doctrina a la hora de estructurar sus contrataciones o de hacer valer sus derechos.

Si necesita asesoramiento legal, contacte ahora con nuestro equipo de abogados laboralistas.

Hacienda no perdona

Por si fuera poca toda la controversia suscitada como consecuencia de que el legislador dejara fuera, o prácticamente fuera tras la trasposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, las deudas por créditos de Derecho Público de la exoneración del pasivo insatisfecho; estando todas las miradas puestas en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto a las distintas cuestiones prejudiciales planteadas al respecto de la compatibilidad de las limitaciones implementadas por nuestros representantes con el derecho de la Unión Europea, en su Sentencia 1296/2023, de 23 de octubre, la Sala Tercera del Tribunal Supremo establecía lo siguiente al respecto de una derivación de responsabilidad tributaria del artículo 40.3 de la Ley General Tributaria:

“En definitiva, que del contenido del auto de 14 de noviembre de 2013 y de la propia escritura de disolución de la sociedad se constata que sí existían bienes en el activo, aunque el pasivo determinara una situación de desequilibrio patrimonial constitutiva de causa de disolución y, por ello, se apreciara la insuficiencia de la masa activa determinante de la conclusión del concurso ex art. 178 Ley Concursal. Pero nada se ha acreditado respecto al resultado final de las operaciones de liquidación, ni el destino de aquel activo fundamentalmente inmobiliario. La declaración de concurso y su conclusión por insuficiencia de masa activa no significa que se produzca una extinción, vía condonación, de las deudas de la sociedad, ni que los bienes que permanezcan a nombre de la sociedad pasen a ser «res nullius». En resumen, no se ha acreditado que se haya producido la liquidación de la sociedad, en los términos dispuestos en el capítulo II del Título X del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, ni el resultado de las correspondientes operaciones de liquidación y efectiva extinción”.

“El art. 178 de la Ley Concursal establece que cuando se declare la conclusión del concurso de acreedores por insuficiencia de la masa activa del deudor persona jurídica, se acordará su extinción y dispondrá la cancelación en los registros públicos que corresponda. Sin embargo, debe destacarse que la extinción de la personalidad jurídica que dispone el art. 178.3 de la Ley Concursal, en el supuesto de que se declare la conclusión del concurso por inexistencia de bienes, más precisamente, por insuficiencia de la masa activa -con el consiguiente cierre de la hoja registral- no puede entenderse más que como una extinción de la sociedad a favor o en garantía del tráfico jurídico, y en protección de terceros de buena fe, pues de esta forma se evita que la sociedad deudora insolvente pueda seguir operando en el tráfico jurídico. En definitiva, incluso después de la cancelación, persiste todavía la personalidad jurídica de la sociedad extinguida como centro residual de imputación de las relaciones jurídicas de que la sociedad es titular”.

Vamos, que Hacienda no perdona, que la responsabilidad limitada de las empresas que supuestamente gozan de dicha prerrogativa cada vez queda más vaciada respecto al Fisco.

Administradores, liquidadores y socios, hagan y documenten bien las liquidaciones de sus empresas, incluso cuando se haya acordado la conclusión del concurso por insuficiencia de masa activa por el Juzgado competente, y a instancias de la Administración Concursal. Eviten además dejar sin satisfacer deudas por créditos de Derecho Público en general, y deudas tributarias en particular.

Si necesita asesoramiento legal, nuestro equipo experto de abogados en derecho mercantil le atenderá sin compromiso.

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Incapacidad Laboral, No renuncies a lo que es tuyo

Sin haber publicado aún los datos correspondientes al ejercicio 2023, el Instituto Nacional de Estadística reporta la existencia en España de 1.256.600 personas inactivas laboralmente con algún tipo de discapacidad en 2022, 5.400 en La Rioja. Ascendiendo a 685.300 las personas activas con discapacidad en todo el territorio nacional durante dicho año, y a 4.400 en La Rioja.

Aunque la discapacidad y la incapacidad laboral son conceptos distintos, un gran número de personas con discapacidad, tanto activas como inactivas, e incluso sin reconocimiento formal de grado de discapacidad alguno, tienen derecho al percibo de importantes prestaciones por haber quedado incapacitadas permanentemente para trabajar por motivos de salud. Ya sea de manera permanente parcial, con el derecho al percibo de una indemnización de 24 mensualidades de base reguladora, permanente total, con el derecho al percibo de una pensión vitalicia del 55 % de la base reguladora, y del 75 % tras cumplir los 55 años de edad, permanente absoluta, con derecho al percibo del 100 % de la base reguladora, o desde una situación de gran invalidez, con derecho al percibo del 150 % de la repetida base.

De estas personas son muchas las que no llevan a cabo las gestiones necesarias para que se les reconozcan las prestaciones que les corresponden, o las que ven denegadas total o parciamente las mismas en vía administrativa.

Es importante cobrar conciencia de que una reclamación tardía, o desacertada desde un punto de vista legal, puede dar lugar a la consolidación definitiva de situaciones injustas, y claramente perjudiciales para los afectados y sus familias desde un punto de vista económico.

Si consideras que te encuentras funcionalmente impedido y/o limitado para trabajar, o sospechas que puedes verte en dicha situación de manera inminente, contacta con nosotros (941 25 82 22 / gabinete@abogadoscapitol.com), en Capitol Abogados analizaremos tu caso y te haremos una propuesta personalizada para que la valores sin compromiso.

Las Guardias y la Incapacidad Temporal

El Decreto 71/2012 de 28 de diciembre establece en su artículo 2 , con carácter general y para todos los empleados del sector público de la Comunidad Autónoma de La Rioja, el derecho de los mismos a percibir, desde el primer día de su baja por incapacidad temporal, una cantidad que complemente el subsidio de IT en el importe necesario hasta alcanzar el 100% de las retribuciones fijas y periódicas que correspondan al empleado como consecuencia de su puesto de trabajo y de la jornada ordinaria que tenga asignada.

A pesar de ello, el Servicio Riojano de Salud viene ignorando tal mandato con respecto al personal estatutario que presta servicios para la misma basando su postura en que las guardias del personal estatutario se encuadran en la jornada complementaria de este personal en virtud del artículo 48 de la Ley 55/2003 de 16 de diciembre del Estatuto Marco del personal estatuario de los servicios de salud y, por tanto, son retribuidas con el complemento de atención continuada, no pudiendo entenderse que sea una retribución de carácter fijo y periódico por cuanto aun cuando se realicen dentro de la jornada ordinaria, no pueden considerarse fijos, puesto que son variables y solo
se abonan si se realizan. En definitiva, que las guardias mensuales no se realizan todos los meses en los mismos días de la semana o del mes ni en el mismo número, sino que se realizan por turnos, adaptándose al calendario y al número de efectivos disponibles, por lo que no pueden, según la Administración, concederse a las mismas la cualidad o naturaleza jurídica de retribuciones fijas y periódicas.

Frente al razonamiento que viene defendiendo el Servicio Riojano de Salud es de señalar que ya el Tribunal Supremo, en sentencias de 17 de enero de 2000 y 19 de diciembre de 2011 que contemplan situaciones similares, analizó la naturaleza jurídica de la retribución de las guardias rechazando que la misma se tratara de una retribución de carácter extraordinario, puesto que las guardias que realiza el personal estatutario forman parte de su actividad normal, ya que su realización no es voluntaria, excepcional, extraordinaria o esporádica, sino que es obligatoria, programada, periódica y rotatoria, formando parte de su jornada normal de trabajo.

Con ello, la conclusión es que al ser la retribución por guardias una retribución ordinaria, debe incluirse en el cómputo de la mejora de las prestaciones de Seguridad Social que perciba el personal estatutario durante los periodos de baja por incapacidad temporal al igual que la parte proporcional del denominado “plus vacacional” cuyo objeto es percibir durante el mes de vacaciones un promedio de lo percibido los 6 meses anteriores en concepto de guardias. Asimismo, también será computable a la hora de calcular las mejoras de la prestación por maternidad y por riesgo en el embarazo.

En este sentido se han pronunciado más recientemente la sentencia, ya firme, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 2 de Logroño de fecha 1 de marzo de 2022 respecto de la actuación del Servicio Riojano de Salud y las sentencias del Tribunal Supremo, Sala cuarta, dictadas en casación para unificación de doctrina de 14 de julio de 2022 y 9 de febrero de 2023, respectivamente, respecto del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

Si has sufrido un proceso de incapacidad temporal y no estás de acuerdo con la retribución abonada por parte de la Administración, contacta con Capitol Abogados: 941258222 – gabinete@abogadocapitol.com.