Reproducción Asistida Post Mortem: Un Nuevo Límite Legal en España

La Audiencia Provincial de Bizkaia (Auto Nº 119/2024, Recurso Nº 830/2024, Sección Tercera, de fecha 17 de diciembre de 2024) marca criterio en materia de reproducción asistida post mortem, denegando la solicitud de una mujer para utilizar el esperma de su pareja fallecida en un accidente.

El tribunal ha sido claro: sin un consentimiento expreso del fallecido, no es posible llevar a cabo la inseminación post mortem. En este caso, la pareja había estado en proceso de planificación familiar, con consultas médicas pregestacionales e incluso un embarazo previo interrumpido por problemas de salud. Sin embargo, para la justicia, este historial no es suficiente para considerar que existía una voluntad inequívoca de ser padre tras su muerte.

Implicaciones Médicas y Éticas

Este fallo judicial pone en el centro del debate la necesidad de documentar explícitamente el consentimiento en estos casos. La Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida (LTRHA) exige que el fallecido haya otorgado su consentimiento en escritura pública, testamento o documento de instrucciones previas. Sin este respaldo documental, los tribunales consideran que proceder con la reproducción asistida post mortem sería una intromisión en la autonomía y dignidad del fallecido.

Desde el punto de vista médico, este caso destaca la importancia de que los profesionales de la salud informen a sus pacientes sobre la necesidad de dejar constancia formal de sus decisiones reproductivas, especialmente en aquellos que preservan su material genético en bancos de esperma.

¿Cómo afecta esto a la práctica médica?

🔹 Para los especialistas en fertilidad, es fundamental asesorar a los pacientes sobre la necesidad de manifestar su voluntad en documentos legalmente reconocidos.
🔹 Para los ginecólogos y urólogos, este fallo refuerza la importancia del consentimiento informado en la criopreservación de gametos.
🔹 Para los médicos de familia, plantea un nuevo frente en la planificación reproductiva y en la orientación a parejas que buscan tratamientos de fertilidad.

Este caso deja una lección clara: la planificación reproductiva post mortem no puede depender de interpretaciones, sino de documentos fehacientes.

✍️ José Ramón Gonzalo González, colegiado nº 1.841 del Ilustre Colegio de la Abogacía de La Rioja. Asesor Jurídico del Colegio Oficial de Médicos de La Rioja (COMLR)