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EL TRIBUNAL SUPREMO CONFIRMA LA OBLIGATORIEDAD PARA LAS EMPRESAS DE OFRECER A LOS TRABAJADORES LA OPORTUNIDAD DE DEFENDERSE ANTES DE PROCEDER A UN DESPIDO POR CAUSAS DISCIPLINARIAS.

El 13 de noviembre de 2024, el Tribunal Supremo de España dictó una sentencia que establece la obligatoriedad para las empresas de ofrecer a los trabajadores la oportunidad de defenderse antes de proceder a un despido disciplinario. Esta decisión se fundamenta en el artículo 7 del Convenio número 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por España en 1986, que estipula que no se debe dar por terminada la relación laboral por motivos relacionados con la conducta o el rendimiento del trabajador sin que este haya tenido la posibilidad de defenderse de los cargos formulados en su contra. No obstante, entiende nuestro Tribunal Supremo que, siendo el despido acaecido bajo doctrina acuñada con anterioridad, era razonable que el empresario no activara una exigencia que se consideraba no exigible. De modo que el cambio de doctrina sólo es aplicable a las extinciones posteriores a la publicación de la sentencia.

La sentencia del Supremo modifica la doctrina anterior, que no exigía este trámite de audiencia previa, y subraya la aplicación directa de normas internacionales ratificadas por España. Este cambio garantiza que los derechos laborales de los trabajadores sean protegidos, otorgándoles la oportunidad de alegar antes de un despido.

En Capítulo Abogados, bajo la dirección de José Ramón Gonzalo González, especialista en Derecho Laboral, consideramos que esta sentencia refuerza la seguridad jurídica y promueve prácticas empresariales más equitativas y respetuosas con los derechos laborales. Estamos comprometidos en asesorar a nuestros clientes sobre las implicaciones de esta resolución y en garantizar el cumplimiento de las nuevas obligaciones que impone a las empresas.

Es esencial que las empresas adapten sus procedimientos internos para incluir este trámite de audiencia previa, asegurando que los trabajadores tengan la oportunidad de defenderse antes de cualquier decisión de despido disciplinario.

Para más información sobre cómo esta sentencia puede afectar a su empresa o situación laboral, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Nuestro equipo de expertos está a su disposición para brindarle el apoyo y la orientación que necesita en materia de Derecho Laboral.

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ACCIDENTE LABORAL EN LA RIOJA: IMPLICACIONES LEGALES Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE EMPRESARIOS Y TRABAJADORES

La Rioja lideró en 2023 el índice de accidentes laborales mortales en España, según estadísticas oficiales. Este dato alarmante destaca la importancia de mejorar las condiciones de seguridad en el trabajo y aumenta la conciencia sobre las consecuencias legales que un accidente laboral puede desencadenar tanto para el empresario como para el trabajador. Comprender estas consecuencias y saber cómo abordarlas es crucial, ya que, en un accidente laboral grave, las repercusiones legales pueden afectar varias áreas: administrativa, laboral, penal y de Seguridad Social.

Implicaciones Sancionadoras y Administrativas

Las autoridades laborales sancionan con frecuencia a las empresas en las que se producen accidentes laborales si se demuestra que hubo negligencias o incumplimiento de normativas de seguridad y salud laboral. Estas sanciones pueden variar desde multas administrativas hasta la paralización de la actividad de la empresa en caso de infracciones muy graves. Las sanciones económicas no solo afectan a las finanzas de la empresa, sino que también pueden repercutir negativamente en su reputación y funcionamiento a largo plazo.

Repercusiones en el Ámbito Laboral

Desde el punto de vista laboral, un accidente puede obligar a la empresa a indemnizar al trabajador o a su familia en caso de fallecimiento. Los convenios colectivos también suelen estipular compensaciones adicionales que la empresa debe asumir. Por otro lado, los empleados pueden solicitar indemnizaciones que aumenten los costes y obligaciones para la empresa, especialmente si el accidente se debe a condiciones de trabajo inadecuadas.

Consecuencias Penales

En situaciones en las que un accidente laboral grave resulte en lesiones graves o muerte, la empresa y los responsables de la seguridad pueden enfrentarse a responsabilidades penales. El Código Penal español establece que el empresario o los directivos que hayan incumplido sus obligaciones de seguridad y salud en el trabajo pueden ser condenados a penas de prisión en casos graves, además de las posibles inhabilitaciones para ejercer ciertas actividades o cargos de responsabilidad.

Impacto en la Seguridad Social

Los accidentes laborales también generan implicaciones para la Seguridad Social, que debe asumir los costes derivados de las incapacidades temporales o permanentes de los trabajadores. En casos de negligencia demostrada, la Seguridad Social tiene la facultad de reclamar a la empresa recargos sobre las prestaciones generadas, lo que añade una carga financiera adicional para el empleador y una ventaja económica para el trabajador.

Capitol Abogados, su Despacho de Confianza en Logroño

Con las antedichas repercusiones legales en mente, es vital contar con una defensa especializada que proteja los intereses de los involucrados en accidentes de trabajo. De la mano de los Abogados José Ramón Gonzalo González y Elvira González Fernández de Tejada, en Capitol Abogados (941 25 82 88 / gabinete@abogadoscapitol.com/ https://abogadoscapitol.com/inicio_d_sesion/) somos expertos en derecho laboral y estamos comprometidos a brindar una representación legal leal y rigurosa a empresarios y trabajadores. Nuestra experiencia en La Rioja nos permite comprender el contexto local y ofrecer una defensa adaptada a cada caso, para garantizar que tanto los derechos como las obligaciones de nuestros clientes estén protegidos de acuerdo con la normativa vigente.

No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir asesoría personalizada en caso de accidente laboral.

José Ramón Gonzalo González

Abogado y Socio de Capitol Abogados

 

INDEMNIZACIÓN POR REPRESALIAS LABORALES, DE 7.501 EUROS EN ADELANTE   Al igual que las que son fruto de una discriminación directa o indirecta desfavorable por razón de sexo o raza, las decisiones unilaterales del empresario que supongan un trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa deben ser indemnizadas con un mínimo de 7.501 euros. En efecto, consolidado desde hace tiempo el criterio jurisprudencial que hace una aplicación analógica de las sanciones económicas contempladas en la LISOS (Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social) para resarcir daños morales derivados de vulneraciones de derechos fundamentales, las indemnizaciones pueden oscilar entre 7.501 y los 225.018 euros. Además, tal y como especifica, entre otras, la Sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 5 de octubre de 2017, rec. 2497/2015, el reconocimiento de las indemnizaciones que se vienen indicando, actualmente con un mínimo de 7.501 euros, procedería con la mera acreditación de la represalia, no siendo necesario probar la concurrencia de daños indemnizables concretos derivados de la misma. No obstante, si sí se acreditara que como consecuencia de la repetida represalia se han producido otros daños económicamente cuantificables, a la indemnización referida en primer lugar se añadiría a la de esos otros daños concretos. Por otro lado, como ilustraba la Sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de La Rioja de 28 de julio de 2022 (rec 239/2019) invocando doctrina de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no es necesario que la reclamación del trabajador se haya oficializado administrativa o judicialmente, la misma puede haberse hecho de manera interna y verbal. En este sentido, aportados indicios razonables que hagan presumir la concurrencia de la represalia, será el empresario quien deba acreditar que la decisión unilateral desfavorable adoptada contra el trabajador no guarda relación alguna con su reclamación previa. Empresarios, es muy importante que, antes de adoptar medidas laborales unilaterales que, aunque legítimas, puedan ser consideradas desfavorables respecto a cualquier trabajador, se conozca previamente si ha existido antes reclamación interna, administrativa y/o judicial alguna. Analizando el caso concreto y tomando la mejor decisión. En caso de que la decisión unilateral fuera un despido, aparte de reconocerse al trabajador las indemnizaciones que se vienen indicando, el despido podría acabar siendo declarado nulo, con obligación de reincorporar al empleado, y de abonarle los salarios de tramitación correspondientes desde su despido hasta su efectivo regreso a la empresa en las mismas condiciones. Trabajadores, si consideráis que una decisión empresarial, unilateral y desfavorable que guarde relación con vuestro puesto de trabajo esconde una represalia por una reivindicación previa, con independencia de que se estuviera en trámite, o se hubiera estimado o desestimado ya, acertada o desacertadamente, podéis solicitar indemnizaciones de 7.501 euros en adelante. Como se indicaba en el párrafo anterior, en caso de que la decisión unilateral fuera un despido, aparte de reconocerse al trabajador las indemnizaciones que se vienen indicando, el despido podría acabar siendo declarado nulo, con obligación de reincorporar al empleado, y de abonarle los salarios de tramitación correspondientes desde su despido hasta su efectivo regreso a la empresa en las mismas condiciones.